El gobierno argentino anunció el inicio de un proceso de arbitraje internacional contra el Reino Unido debido a lo que calificó como un “saqueo ilegal” de recursos en la Cuenca Malvinas Norte, específicamente por el proyecto petrolero Sea Lion.
Esta acción coincide con un renovado impulso de Buenos Aires para reafirmar su soberanía sobre el archipiélago de las Malvinas, además de responder a intereses económicos vinculados a la exploración y explotación de hidrocarburos en la región.
El presidente Javier Milei reafirmó en un mensaje a la nación que las Malvinas son argentinas por historia y derecho, subrayando que el Estado debe emplear todos los recursos diplomáticos, judiciales y legales para proteger su soberanía y los recursos naturales asociados.
El contexto se complejiza por un posible cambio en la postura de Estados Unidos respecto a la disputa, mientras que las compañías israelí Navitas Petroleum y británica Rockhopper Exploration desarrollan el proyecto Sea Lion a aproximadamente 220 kilómetros al norte de las islas, autorizado por las autoridades locales en 2025 y considerado por Argentina como una explotación ilegítima.
Este yacimiento, cuya producción se estima que comience en 2028, posee reservas de cerca de 1.700 millones de barriles que podrían generar alrededor de 375 millones de dólares anuales para 2034, superando incluso los ingresos del Reino Unido por petróleo y gas.
Milei advirtió que la explotación petrolera podría consolidar la apropiación material de los recursos marítimos argentinos y fortalecer la ocupación británica del archipiélago, por lo que solicitó una rápida y contundente respuesta.
Si el Reino Unido no detiene el proyecto en un plazo de dos semanas, Argentina buscará medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS), alegando que la explotación unilateral vulnera la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y el principio de no obstaculizar la resolución del conflicto.
Expertos, como Víktor Jeifets de la Universidad Estatal de San Petersburgo, señalan que Argentina cuenta con argumentos jurídicos sólidos para su demanda, aunque el proceso será largo y sin garantía absoluta de éxito. Por otro lado, la acción podría impactar negativamente en el desarrollo inmediato del proyecto Sea Lion si se opta por algunas medidas cautelares.
