En Granadilla de Abona, Tenerife, fue aplazado a última hora el desahucio previsto contra una mujer de 54 años que padece cáncer terminal. La suspensión se produjo apenas un día después de que una anciana de 87 años fuera desalojada en Madrid bajo circunstancias polémicas.
El Ayuntamiento intervino para posponer la expulsión programada para la mañana del viernes, cuyo motivo principal era el impago del alquiler. La afectada presenta graves problemas de salud, incluyendo metástasis en pulmones y ovarios, y dependencia de ayudas públicas. Además, cuenta con un grado 2 de dependencia y está al cuidado de una cuidadora joven.
El Sindicato de Inquilinas en Tenerife pidió al Gobierno de Canarias y al Ayuntamiento que tomaran medidas urgentes para impedir la ejecución del desahucio y garantizar una solución habitacional para la paciente. La imposibilidad de acceder a otro alquiler responde a su situación médica y la falta de un contrato de trabajo, requisito exigido por los arrendadores.
La mujer manifestó que dejó de pagar el alquiler tras la pandemia debido a dificultades económicas y un robo en su vivienda que le hizo perder sus pertenencias de valor, sin recibir ayuda del propietario.
Este caso se produce en medio de una creciente tensión social generada por el desalojo de Maricarmen Abascal, de 87 años, en el distrito madrileño de Retiro. La mujer fue expulsada en camilla de la casa que habitó durante siete décadas por una decisión de un fondo de inversión, desatando protestas entre vecinos y presencia policial.
Desde el gobierno central señalaron que el fondo rechazó propuestas para evitar el desahucio, mientras que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmó que su administración solo cumplió con la ley vigente y criticó la falta de reformas legislativas por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Ayuso destacó que se ejecutan miles de desahucios cada año bajo orden judicial y lamentó la utilización política del caso por parte del gobierno central.
