La Justicia Federal de Argentina emitió una orden para detener el inicio o la continuidad del proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas, en el contexto de la escalada de disputas entre Buenos Aires y Londres por la soberanía del archipiélago.
La medida cautelar fue dictada por la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, dirigida a las compañías Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited. La resolución implica la suspensión de perforaciones, las instalaciones submarinas y el comienzo de la explotación petrolera. Además, limita movimientos financieros vinculados al proyecto y exige notificar a las autoridades regulatorias y mercados de valores sobre el procedimiento judicial.
La magistrada indicó que esta decisión es provisional y no representa un fallo definitivo sobre la responsabilidad de las empresas. Previamente, Borruto se declaró competente para intervenir en la causa basada en la posible afectación ambiental que el proyecto podría causar a recursos bajo jurisdicción argentina.
Las compañías involucradas tienen un plazo de diez días hábiles para entregar una declaración jurada con detalles sobre el avance y características del proyecto, incluyendo cronogramas, ubicación de pozos, unidades flotantes y los nombres de contratistas y subcontratistas. También deberán informar sobre la estructura societaria vinculada a Sea Lion, entidades financieras y fondos involucrados, aportes realizados, aseguradoras y documentación ambiental, entre otros aspectos.
Este fallo se produce en un momento de creciente tensión diplomática entre Argentina y Reino Unido, luego de que Buenos Aires anunciara la ampliación de medidas contra empresas que operan en hidrocarburos en Malvinas. En respuesta, el gobierno británico reafirmó que Argentina no tiene jurisdicción sobre las islas y respaldó a las compañías que desarrollen actividades económicas en el territorio.
El proyecto Sea Lion, desarrollado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, es uno de los principales puntos de conflicto en la región. Mientras Buenos Aires considera que la explotación de estos recursos avanza sin su autorización, Londres sostiene que las autoridades isleñas tienen pleno derecho sobre sus recursos naturales, postura que Argentina rechaza en el marco de su reclamo de soberanía.
