Un operativo conjunto de las fuerzas militares y policiales israelíes demolió el miércoles 24 casas en la aldea palestina de Jinba, ubicada en Cisjordania ocupada. Además de las viviendas, se destruyeron estructuras dedicadas a la agricultura, paneles solares y depósitos de agua, afectando a aproximadamente 180 personas, entre ellas 85 niños.
Familias desplazadas fueron vistas recuperando objetos de entre los escombros tras la demolición. Uno de los residentes expresó su dolor no tanto por la pérdida material, sino por las condiciones adversas en las que quedó una bebé de dos meses tras quedarse expuesta al sol durante todo el día.
Esta acción representa la tercera demolición masiva en la región de Masafer Yatta en las últimas semanas. La organización israelí de derechos humanos B’Tselem calificó estas medidas como una «limpieza étnica a plena luz del día».
El 22 de septiembre, el rey Abdalá II de Jordania denunció en la Asamblea General de la ONU que las acciones en Cisjordania no son incidentes aislados sino parte de una política para desplazar a toda la población de sus tierras. El monarca definió estas maniobras como «desplazamiento forzado» y «crimen de guerra».
Por su parte, Israel rechaza las acusaciones y justifica las demoliciones basándose en un fallo judicial emitido en 2022 que considera a la zona como un polígono de entrenamiento militar, aunque dicho veredicto ha sido objeto de críticas internacionales.
