El Gobierno de México dio a conocer este lunes los avances en la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida hace 12 años, destacando la posible existencia de una red criminal vinculada a funerarias y al Servicio Médico Forense (Semefo) en Guerrero.
Durante una conferencia de prensa, el fiscal encargado del caso, Mauricio Pazarán, informó que se identificaron 23 indicios en el Semefo de Iguala y en la funeraria ‘El Ángel’. Entre los hallazgos figuran cientos de fragmentos óseos, prótesis dentales, así como certificados de defunción y autorizaciones de inhumación con sellos oficiales, algunos firmados en blanco, lo que podría haber servido para manipular la documentación relacionada con las muertes.
No obstante, Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, aclaró que al analizar los perfiles genéticos de los familiares, estos restos no corresponden a los estudiantes desaparecidos.
Pazarán explicó que documentos de este tipo normalmente registran información sobre la persona fallecida, causas de muerte y procesos de traslado o entierro. La existencia de documentos firmados y sellados en blanco facilitaría la inclusión de datos falsos con respaldo oficial, permitiendo, por ejemplo, que una muerte violenta sea registrada como natural.
El fiscal indicó que en el Semefo se descubrieron restos sin registro, cuerpos con expedientes duplicados y fragmentos relacionados con 2014, año en que desaparecieron los jóvenes. Además, en el área trasera encontraron restos óseos calcinados y piezas dentales.
Estos hallazgos fortalecen la hipótesis de una red criminal que operaba mediante funerarias y el Servicio Médico Forense de Iguala, posiblemente vinculados al grupo delictivo ‘Guerreros Unidos’. Asimismo, Pazarán señaló indicios de posible colusión con funcionarios, dado que en 2014 el Semefo de Iguala estaba bajo operación y supervisión del Gobierno del estado de Guerrero.
