En los últimos dos años, el Gobierno de Estados Unidos ha utilizado la revocación de visas como una herramienta política para ejercer presión sobre líderes latinoamericanos. Entre los afectados se encuentran presidentes, expresidentes, gobernadores, congresistas, jueces, fiscales y diplomáticos de países como Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Perú.
Esta medida ha impactado especialmente a figuras críticas con la Administración de Donald Trump, pese a que en algunos casos los motivos oficiales apuntan a presunta corrupción, mientras que en otros no se ofrece explicación alguna. Recientemente, el Departamento de Estado decidió cancelar las visas de 29 funcionarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, destacándose el caso del fiscal general boliviano Roger Mariaca, acusado de favorecer a narcotraficantes.
Críticos de esta política advierten que el objetivo real de estas acciones sería un interés injerencista por parte de Estados Unidos en la región, y no exclusivamente la lucha contra la corrupción.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó como injerencia política el retiro de la visa de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Medios internacionales también destacan que esta táctica forma parte de una estrategia de presión utilizada por Trump para controlar gobiernos latinoamericanos no alineados con Estados Unidos o que mantienen vínculos con China. A estas acciones se suman sanciones económicas, medidas arancelarias y otras maniobras de carácter coercitivo.
El proceso comenzó en marzo de 2025, pocos meses después del inicio del segundo mandato de Trump, cuando se prohibió la entrada a Estados Unidos a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner y a sus hijos. Posteriormente, se sumaron el expresidente costarricense Óscar Arias y otras figuras públicas de la región.
En México, gobernadores de varios estados también han visto suspendidas sus visas sin explicaciones claras, con un total de 50 políticos mexicanos afectados hasta la fecha, incluidos diputados y alcaldes.
En Brasil, la cancelación de visas afectó a destacados funcionarios como el juez Alexandre de Moraes y la embajadora Maria Luiza Ribeiro Viotti. El expresidente colombiano Gustavo Petro también perdió su visa mientras todavía estaba en funciones, vinculado a acusaciones por su comportamiento durante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.
Estas revocaciones evidencian una política estadounidense que utiliza las visas como un instrumento para influir en la política interna de varios países latinoamericanos.
