El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la revocación de las visas a cerca de 30 funcionarios públicos y empresarios procedentes de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Esta medida responde a supuestos vínculos con casos significativos de corrupción y narcotráfico.
Según un comunicado oficial, la decisión busca impedir que ciudadanos extranjeros que atentan contra gobiernos democráticamente electos mediante actos de corrupción o narcotráfico ingresen al país. Desde Washington, se considera que estas situaciones representan una amenaza para la seguridad y el Estado de derecho en América.
Esta acción se suma a otras sanciones de EE.UU. contra individuos señalados por terrorismo y actividades ilícitas, que incluyen listas restrictivas y medidas financieras bajo la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
En Bolivia, la revocación afectó a doce funcionarios y sus familiares, entre ellos Roger Mariaca, fiscal General; Martín Daniel Irusta Flores, fiscal superior; y Albania Chane Caballero Saavedra, jueza anticorrupción en Santa Cruz. También figuran exministros, jueces, fiscales y un coronel de policía, además de un empresario relacionado con la comercialización de combustible. Otras nueve personas sin visa fueron declaradas inelegibles para obtenerla.
En Colombia, las restricciones alcanzaron a dos personas: Euclides Antonio Torres Romero, empresario del sector energético y de señalización vial; y Martha Isabel Peralta Epieyú, senadora del Pacto Histórico y del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS).
En Ecuador, se impuso la medida a dos ciudadanos cuyos nombres no han sido divulgados.
En Perú, se revocó la visa a Juan Carlos Núñez Matos, juez del Tribunal Constitucional del Primer Circuito de Lima.
Este conjunto de acciones forma parte de los esfuerzos de Estados Unidos para combatir la corrupción y el narcotráfico en América Latina, reforzando sus políticas de seguridad regional.
