El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la revocación de las visas de aproximadamente 30 funcionarios vinculados a los gobiernos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Entre los sancionados destaca el fiscal general boliviano Roger Mariaca, acusado de estar implicado en actos de corrupción relevante.
En el caso de Mariaca, la sanción incluye también a sus familiares directos, quienes quedan excluidos de la posibilidad de ingresar a territorio estadounidense. Según la información oficial, Mariaca aprovechó su posición para solicitar y aceptar sobornos con el fin de facilitar el narcotráfico y ayudó a criminales violentos a evadir la justicia.
El comunicado señala que estas acciones afectan los esfuerzos de Estados Unidos para combatir el narcoterrorismo y debilitan las instituciones democráticas que Bolivia está tratando de fortalecer, por ejemplo, a través del Escudo de las Américas. Las autoridades estadounidenses recalcaron que tanto los funcionarios corruptos como los criminales que protegen no serán bienvenidos en el país.
Esta medida forma parte de las acciones de EE.UU. orientadas a restringir el ingreso a funcionarios extranjeros corruptos, reafirmando así su compromiso con la defensa de la gobernanza democrática en el hemisferio, como se estableció en la Cumbre de Doral y la declaración del Escudo de las Américas del 22 de septiembre.
Además de Roger Mariaca, figuran en la lista varios funcionarios bolivianos, entre ellos el fiscal superior Martín Daniel Irusta Flores; la jueza anticorrupción Albania Chane Caballero Saavedra; el fiscal jefe Alberto Zeballos Flores; la jefa de instrucción penal Rosario Ximena Flores Paniagua; y el exministro de Justicia Iván Manolo Lima Magne, entre otros.
En Colombia, fueron revocadas las visas de un empresario del sector energético y de alumbrado público, así como de la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú, representante del Pacto Histórico y el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS).
En Ecuador, la administración estadounidense sancionó a dos ciudadanos y sus familias con la cancelación de visas, mientras que en Perú esta medida afectó al juez Juan Carlos Núñez Matos, del Primer Juzgado Constitucional de Circuito de Lima.
