A pocos días de la elección presidencial en Brasil, prevista para el próximo domingo, se ha desatado una fuerte disputa judicial con más de 450 demandas presentadas ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) por los principales candidatos. Además, se han presentado recursos ante el Supremo Tribunal Federal (STF), en su mayoría denuncias entre los contendientes por la presidencia.
Estas acciones buscan que las autoridades electorales investiguen supuestos delitos de propaganda anticipada y otras irregularidades, en medio de una contienda electoral que se prevé muy reñida según las principales encuestas. Los dos candidatos que encabezan la disputa son el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, representante de la izquierda, y el conservador Flávio Bolsonaro, por la derecha.
El Partido de los Trabajadores (PT), que respalda a Lula, ha interpuesto al menos 256 demandas contra sus rivales, mientras que ha recibido cerca de 198 denuncias de otras agrupaciones políticas, principalmente del Partido Liberal (PL), aliado de Bolsonaro. Por su parte, el candidato del PL ha presentado más de 90 acciones contra el PT, representando la mayoría de sus denuncias en el periodo.
El vicepresidente del TSE, André Mendonça, está a cargo de 92 de estas solicitudes, seguido por la ministra Estela Aranha con 80 casos.
Entre los asuntos más controversiales figuran las denuncias contra Flávio Bolsonaro por supuesto financiamiento relacionado con el banquero Daniel Vorcaro, detenido en el caso Máster, vinculado a la financiación de la película de su padre, quien cumple una condena de más de 27 años por el intento de golpe de Estado en contra de Lula.
A su vez, la campaña del PT ha sido cuestionada por presunto uso indebido de recursos y elementos oficiales para favorecer la reelección de Lula, incluyendo actos, eventos e imágenes oficiales.
Por otra parte, el Supremo Tribunal Federal investiga denuncias de interferencia extranjera en la elección, luego de una denuncia presentada por el PT. El informe está a cargo del ministro Flávio Dino, y señala que organizaciones estadounidenses, como Rockbridge Network, podrían estar financiando las campañas de la derecha conservadora.
