Política

Brasil demanda a 17 casas de apuestas por daños relacionados con la adicción y exige millonaria indemnización

El Gobierno de Brasil interpuso una demanda contra 17 operadoras de apuestas en línea, solicitando una indemnización que supera los 1.000 millones de reales (aproximadamente 191,8 millones de dólares) por daños morales colectivos vinculados a la adicción al juego. La acción legal fue presentada este lunes por la Abogacía General de la Unión (AGU) ante el Tribunal Federal de Pernambuco.

La demanda también reclama que las empresas compensen los costos que ha asumido el Sistema Único de Salud (SUS) para atender los problemas derivados de la ludopatía y pidió la devolución del doble del dinero apostado por quienes han sido diagnosticados con esta adicción.

De acuerdo con la información incluida en la demanda, alrededor de 28 millones de brasileños participan en apuestas y 10,9 millones presentan conductas de juego consideradas de riesgo o problemáticas. Entre los años 2018 y 2025, los tratamientos del SUS relacionados con trastornos de juego aumentaron en un 140 %.

Esta acción judicial se presentó pocos días después de que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva emitiera un decreto que prohíbe las apuestas deportivas con cuotas fijas, así como los juegos y los casinos en línea en todo el país. La prohibición, vigente desde el pasado viernes, establece que no se pueden realizar nuevos depósitos en estas plataformas, ni tampoco se permite su publicidad.

Los usuarios tienen plazo hasta las 23:59 del 5 de octubre para retirar su dinero depositado. Después de esa fecha, las páginas y aplicaciones deberán cesar operaciones, y los saldos no retirados serán devueltos mediante entidades financieras.

Al explicar la medida, Lula comparó el impacto de las apuestas con una enfermedad grave, afirmando que se trata de un problema que debe eliminarse para evitar consecuencias mayores. El Gobierno considera que esta industria contribuye al deterioro de la salud mental, el aumento del endeudamiento y perjudica especialmente a la población de menores recursos.

El decreto ha provocado una fuerte reacción del sector, que presentó recursos ante el Supremo Tribunal Federal para intentar suspender la prohibición. Organizaciones como la Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL) y el Instituto Brasileño de Juego Responsable (IBJR) buscan detener los efectos de la medida, mientras que otra asociación ha solicitado que se declare inconstitucional.

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