Han transcurrido 12 años desde la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, y todavía no se ha dictado sentencia alguna ni se conoce el paradero de los jóvenes ni los motivos detrás de su extravío. Durante este tiempo, los familiares han realizado diversas movilizaciones para exigir justicia, una demanda que no ha sido atendida en los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.
Los padres y activistas han llamado «Ayotzinapa, 12 años de lucha, 43 la luz que no se apaga» a la conmemoración anual que recuerda la tragedia ocurrida la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes fueron desaparecidos en el estado de Guerrero, una región caracterizada por su pobreza y por ser una ruta estratégica del narcotráfico.
Organizaciones de derechos humanos, como Tlachinollan, han documentado el sufrimiento de las familias, entre las cuales ocho padres han fallecido sin conocer el destino de sus hijos. Las jornadas de memoria incluyen protestas y encuentros con la actual mandataria Claudia Sheinbaum, quien ha prometido progresos en la investigación.
Una de las protestas más destacadas recientemente ocurrió frente al campo militar que ocupaba el 27 Batallón de Infantería en Iguala, al que las familias señalan como lugar donde fueron llevados 25 de los estudiantes desaparecidos. Allí, exigieron la entrega de 853 documentos en posesión del Ejército que podrían esclarecer los hechos.
Los sucesos comenzaron cuando los estudiantes tomaron autobuses en Iguala para acudir a una manifestación en la capital del país, pero fueron interceptados y atacados por policías municipales, estatales, federales y militares, lo que dejó un saldo de seis muertos, incluyendo a un estudiante, 25 heridos y 43 desaparecidos.
Hasta ahora, sólo han sido identificados los restos de tres jóvenes. A pesar de cientos de detenciones entre policías, militares y presuntos narcotraficantes, muchos fueron liberados por torturas o falta de avance judicial, y no se han dictado condenas firmes. Entre los arrestos de relevancia política destacan los de exfuncionarios como el exfiscal Jesús Murillo Karam y el exgobernador Ángel Aguirre.
El caso llevó a la creación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que ha señalado errores y omisiones de las autoridades mexicanas. Durante el mandato de López Obrador, se reconoció que la desaparición es un «crimen de Estado», pero las investigaciones se estancaron cuando comenzaron a involucrar al Ejército, obstaculizando el avance hacia la justicia y la verdad sobre la tragedia que marcó al país y generó repercusiones internacionales.
