El gobierno de Argentina remitió este martes una nota de protesta formal a la Embajada británica en Buenos Aires en rechazo a la decisión del Reino Unido de prolongar por cinco años las licencias para la explotación de hidrocarburos marinos en las islas Malvinas. La Cancillería argentina calificó como ilegítima esta medida y reafirmó que dichas actividades violan el derecho internacional.
Las autoridades de las Malvinas anunciaron que todas las licencias vigentes para la producción de hidrocarburos ‘offshore’ serán extendidas y además podrán ser prorrogadas por hasta dos años adicionales, siempre que las empresas involucradas cumplan con los planes de trabajo establecidos. Esta medida cuenta con el respaldo del gobierno británico.
Desde Buenos Aires sostienen que las exploraciones y explotaciones sin autorización en la plataforma continental argentina constituyen actos ilícitos, en contra de las resoluciones de Naciones Unidas y la legislación nacional. Asimismo, advirtieron que las compañías que continúen participando en estas actividades podrían enfrentar sanciones según la normativa argentina.
Esta renovación de licencias ocurre en un contexto de intensificación de las acciones argentinas contra las compañías vinculadas al desarrollo petrolero en la región. En la última semana, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha enviado cerca de 180 notas de advertencia a personas y empresas en 30 países y ha activado 60 procesos administrativos relacionados con estas explotaciones.
El foco de la disputa está en el proyecto Sea Lion, impulsado por la empresa israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, situado en la Cuenca Malvinas Norte. Recientemente, la jueza federal Mariel Borruto emitió una orden para que ambas empresas se abstengan de iniciar o continuar cualquier obra para la ejecución del proyecto, con un plazo de 10 días para informar sobre el estado de avance de las actividades.
La protesta argentina ha tomado particular relevancia en vísperas de la intervención del presidente Javier Milei en la Asamblea General de la ONU, donde reiterará el reclamo de soberanía sobre las islas. El gobierno sostiene que las decisiones unilaterales sobre los recursos naturales en esta zona disputada infringen la resolución 31/49 adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas.
