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La Corte Suprema autoriza a la administración Trump a retomar deportaciones a terceros países

La Corte Suprema de Estados Unidos permitió este martes que la administración del expresidente Donald Trump continúe con la deportación de migrantes indocumentados hacia países que no son su lugar de ciudadanía. La decisión fue adoptada por seis magistrados con mayoría conservadora, quienes suspendieron temporalmente el fallo del juez federal de Boston, Brian Murphy.

Murphy había anulado un memorando que autorizaba al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a deportar migrantes a cualquier país con apenas seis horas de aviso. Su fallo señalaba que esta práctica violaba derechos fundamentales del debido proceso y ordenaba detener la aplicación de esta política, exigiendo además que el gobierno otorgara a los migrantes un plazo razonable para impugnar sus deportaciones antes de ser trasladados.

El juez también cuestionó las garantías de seguridad presentadas por el gobierno respecto a los países receptores, argumentando que no existía información suficiente sobre las supuestas protecciones para evitar que los deportados sean perseguidos en esos territorios.

La Corte Suprema revocó esta suspensión luego de recibir una solicitud de emergencia del Departamento de Justicia. No obstante, los magistrados no explicaron públicamente los motivos de su decisión. Por otro lado, las tres juezas liberales del tribunal manifestaron su desacuerdo con la reapertura inmediata de las deportaciones mientras se resuelve el litigio. El máximo tribunal ha programado la audiencia de argumentos para diciembre, cuando emitirá un fallo definitivo sobre esta política migratoria.

Por otra parte, un informe de legisladores demócratas del Senado reveló que en 2025 el gobierno destinó aproximadamente 40 millones de dólares para que terceros países aceptaran a migrantes deportados. Entre los países involucrados se encuentran El Salvador, Guinea Ecuatorial, Ruanda, Esuatini y Palaos. Esta práctica ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, que han cuestionado las condiciones y la legalidad de estos traslados.

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