El Gobierno de México dio a conocer este lunes los avances en la investigación del caso Ayotzinapa, a 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes. Las nuevas pesquisas apuntan a la posible existencia de una red criminal relacionada con una funeraria, el Servicio Médico Forense (Semefo) y la manipulación de cuerpos en el estado de Guerrero.
Mauricio Pazarán, fiscal a cargo del caso, informó en una conferencia de prensa que se identificaron 23 indicios tanto en el Semefo de Iguala, donde desaparecieron los jóvenes, como en la funeraria conocida como ‘El Ángel’.
Entre los hallazgos se encuentran cientos de fragmentos óseos, prótesis dentales y documentos como certificados de defunción, oficios de traslado y autorizaciones de inhumación en blanco con sellos oficiales, lo que podría haber facilitado la alteración de registros oficiales sobre los cuerpos.
Sin embargo, Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, aclaró que tras analizar perfiles genéticos de los familiares, esos restos no corresponderían a los estudiantes desaparecidos.
El fiscal Pazarán destacó que la existencia de documentos firmados y sellados en blanco permitía la posibilidad de introducir información falsa con apariencia de respaldo oficial, incluso para alterar la causa de muerte registrada de forma violenta a natural.
En el Semefo se encontraron restos óseos sin registro, cuerpos con expedientes duplicados y restos relacionados con fechas en 2014. Asimismo, se hallaron restos calcinados y piezas dentales en la parte trasera del edificio.
Pazarán señaló que estos indicios fortalecen la hipótesis de una red criminal operada mediante funerarias y el Servicio Médico Forense de Iguala, posiblemente vinculada con la organización criminal Guerreros Unidos.
Además, sugirió que pudo existir colusión con funcionarios, ya que en 2014 el Semefo de Iguala estaba bajo la operación y supervisión del Gobierno del estado de Guerrero.
