Beatriz Duro, representante legal de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que fue desahuciada de su hogar en el que vivió más de siete décadas, ha denunciado que ninguna entidad pública le ha ofrecido alternativas habitacionales hasta el momento. Según Duro, la abogada conoció por los medios de comunicación la propuesta de Urbagestión Desarrollo e Inversiones de ceder la vivienda al Ayuntamiento de Madrid y a sus organismos sociales, así como la negativa posterior del Consistorio, enterándose de ambos hechos por la prensa.
La letrada sostuvo que el próximo lunes está programada una reunión, aunque desconoce si Urbagestión participará. Manifestó su deseo de que la empresa se involucre para facilitar un diálogo directo que facilite una solución y permita que Maricarmen regrese a su piso. Sin embargo, advirtió que teme que la cita sea solo una estrategia para mejorar la imagen de la empresa y no un compromiso real para que la anciana pueda alquilar nuevamente la vivienda.
El caso ha generado manifestaciones en Madrid bajo el lema “Ni una Maricarmen más. Señalemos a los responsables”. Este sábado culminaron con una acampada en la plaza Puerta del Sol, organizada por el Sindicato de Inquilinas, que exige al Gobierno aprobar el llamado ‘Decreto Maricarmen’. Esta norma incluiría medidas para impedir desahucios, prorrogar contratos y establecer su renovación automática en contratos indefinidos.
Los manifestantes también reclaman una intervención en el mercado del alquiler, congelación de precios, regulación de arrendamientos temporales y por habitaciones, y la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Los participantes han previsto actividades como asambleas, clases de yoga, reparto de alimentos, limpieza del espacio y un festival con artistas. Además, la protesta incluyó una marcha por distintas zonas del centro de la ciudad hasta las cercanías del Congreso de los Diputados.
El presidente Pedro Sánchez informó que el Gobierno planea presentar el próximo martes en el Consejo de Ministros un Real Decreto Ley sobre Vivienda y pidió apoyo parlamentario para su aprobación. La situación también generó críticas de Unidas Podemos y Sumar, mientras que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, responsabilizó al Gobierno y defendió que se actuó conforme a una resolución judicial.
