(TGU) – Honduras atraviesa una crisis política alarmante, después de la cancelación de la extradición a EE.UU. de acusados de narco trafico entre otros crímenes, quienes son investigados por la DEA.
HECHOS: Las acusaciones contra los Zelaya por nexos con narco traficantes por parte de miembros del gobierno, sacuden a ese país centroamericano. Las alarmas están encendidas desde hace unos días a raíz de los escándalos perpetrados por los Zelaya y el gobierno de Honduras de quienes siguen saliendo mas evidencias de como el partido político LIBRE ha seguido el patrón del gobierno anterior de JOH convirtiendo a Honduras en un Narco estado.
despues de que salieran a la luz publica las declaraciones por parte de la embajadora de Estados Unidos el actual gobierno considera a la antes mencionada no grata y, alegan que es una injerencia para desestabilizar el gobierno quienes siguen involucrados y expuestos en el distrito sur de Nueva York, donde mencionan a los implicados luego que los videos fueron difundidos en medios de comunicación y redes sociales.
Sin embargo con todo esto queda evidenciada la corrupción en la presidencia del país, la opinión publica resalta que estas medidas tomadas en la gestión de la actual presidenta Xiomara castro favorecen y estarían tratando de blindar a su familia.
Varias entidades entre ellas la fundación 15 de septiembre con sede en EE.UU. le han exigido la renuncia a Xiomara Castro.
Cada día surge un nuevo capitulo, lo cual ya no sorprende a los Hondureños sin embargo no deja de ser indignante y el pueblo Catracho espera con ansias que se haga justicia
La cancelación de la extradición podría repercutir y traer graves consecuencias a mas de 2 millones de hondureños viviendo en el exterior se teme que las embajadas podrían cerrar sus puertas y dejar miles de Hondureños a la deriva sin sus procesos legales. (De por si ya son ineficientes los pocos consulados que hay esto podría ser peor)
Honduras tenia un acuerdo de extradición con Estados Unidos desde 1912, aunque la constitución originalmente impedía que el país extraditara a sus propios ciudadanos. Eso cambió en 2013, cuando Juan Orlando Hernández, entonces presidente del Congreso, impulsó una reforma constitucional que amplió los poderes de extradición del gobierno.
