Desde enero del año pasado, cuando inició el segundo mandato del presidente Donald Trump, más de 25,000 personas han sido deportadas de Estados Unidos hacia naciones donde no nacieron, nunca residieron y en ocasiones ni siquiera hablan el idioma local.
Una investigación del Deportation Project, en la que colaboró la revista mexicana Proceso, reveló que estas expulsiones dejan a los migrantes en una situación de completa vulnerabilidad. Durante los últimos 20 meses, aproximadamente 35 países firmaron acuerdos con Estados Unidos para aceptar como deportados a ciudadanos provenientes de otras naciones. Estos convenios, algunos mantenidos en secreto, no especifican los motivos de las deportaciones ni el destino final de las personas involucradas.
Organizaciones como Human Rights First y Refugees International respondieron a esta opacidad creando hace más de un año la plataforma ‘Third Country Deportation Watch’ que recopila información acerca de el paradero y la situación de quienes han sido expulsados bajo esta modalidad.
De acuerdo con este registro, México juega un papel central. Hasta agosto, cerca de 20,000 deportados han sido recibidos en territorio mexicano, muchos de ellos originarios de países latinoamericanos y que habían vivido décadas en Estados Unidos.
Tras cruzar la frontera, las autoridades mexicanas localizan a estas personas y las trasladan en autobuses hacia los estados fronterizos de Tabasco y Chiapas, alejándolas así lo más posible del límite con Estados Unidos.
