La Justicia de Argentina emitió una orden para suspender el inicio o la continuidad de las labores vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en las islas Malvinas. Esta medida representa una escalada en la estrategia judicial de Buenos Aires para frenar la explotación de hidrocarburos en el archipiélago, en un contexto de aumentada tensión con el Reino Unido por la disputa territorial.
La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, dictó la medida cautelar que afecta directamente a las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited. La resolución implica la paralización de perforaciones, instalaciones submarinas y el inicio de la explotación, además de restringir ciertos movimientos financieros vinculados al proyecto. Se ordenó informar a las autoridades regulatorias y a los mercados de valores sobre el proceso en curso.
Borruto destacó que esta acción judicial es precautoria y no representa una decisión definitiva ni determina la responsabilidad de las compañías. La magistrada se había declarado competente para intervenir en este caso, señalando que una posible afectación ambiental podría involucrar recursos bajo jurisdicción argentina.
Las compañías han sido requeridas a presentar en un plazo de diez días hábiles una declaración jurada que detalle el estado del proyecto, incluyendo el cronograma de construcción y perforación, ubicación de los pozos, unidades flotantes contratadas y las empresas asociadas como contratistas o subcontratistas. Además, se exigió identificar la estructura societaria del emprendimiento, las entidades financieras y fondos involucrados, así como los desembolsos realizados o pendientes, junto con las aseguradoras y reaseguradoras y los estudios ambientales y planes de contingencia. Se pidió también impedir nuevos contratos financieros que sostengan el proyecto.
Este fallo surge en medio de un aumento de la confrontación entre Buenos Aires y Londres. Recientemente, el Gobierno argentino anunció que intensificará las medidas contra las empresas involucradas en la explotación hidrocarburífera en Malvinas. En respuesta, el Reino Unido reafirmó oficialmente que Argentina no posee jurisdicción sobre las islas y respaldó a las compañías que operan económicamente en el territorio.
Sea Lion, desarrollado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, se ha convertido en un punto central de la controversia. Argentina sostiene que el proyecto se desarrolla sin su aprobación sobre recursos naturales que considera propios, intensificando acciones legales y diplomáticas contra los involucrados. Por su parte, el Reino Unido defiende el derecho de las autoridades isleñas a explotar estos recursos, hecho que Argentina rechaza en su reclamo histórico de soberanía sobre las Malvinas.
