Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que fue desalojada de su vivienda en Madrid, donde residía desde hace más de siete décadas, podrá regresar a su domicilio gracias a un acuerdo alcanzado entre sus representantes legales y Urbagestión, empresa propietaria del inmueble.
El convenio se logró tras varias horas de negociación en la sede de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) y contempla que Maricarmen vuelva a ocupar su casa en la calle del Alcalde Sainz de Baranda como arrendataria. El alquiler a pagar no superará el 30 % de sus ingresos netos, calculado según su declaración de renta.
El contrato de arrendamiento tendrá una duración de ocho años, y el pago mensual será similar al que abonaba anteriormente, alrededor de 500 euros incluyendo renta, gastos y comunidad, según detalló Beatriz Duro, abogada de Maricarmen Abascal. La decisión final dependerá de la propia Maricarmen, quien deberá firmar el acuerdo dada su ausencia en la reunión, ya que ésta concluyó a altas horas de la noche.
Duro consideró positivo el resultado del acuerdo, aunque lamentó que llegara tras una situación que hubiese podido evitarse. Subrayó que el acuerdo representa una solución mejor para todas las partes involucradas y expresó esperanza de que este caso contribuya a un cambio en la política de vivienda.
El desalojo de Maricarmen generó un fuerte rechazo ciudadano, con manifestaciones en Madrid bajo el lema «Ni una Maricarmen más. Señalemos a los responsables». Las protestas incluyeron una acampada en la Puerta del Sol, donde el Sindicato de Inquilinas solicita al Gobierno la aprobación del llamado ‘Decreto Maricarmen’, que busca impedir desahucios, prorrogar y hacer indefinidos los contratos de alquiler.
Los manifestantes también exigen la intervención en el mercado de alquiler, congelación de precios, regulación para alquileres temporales y por habitación, y reformas en la Ley de Arrendamientos Urbanos. Durante las protestas se llevaron a cabo actividades como asambleas, clases de yoga, talleres, limpieza del espacio y eventos culturales.
En tanto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que el Ejecutivo presentará un Real Decreto Ley sobre vivienda en el próximo Consejo de Ministros y solicitó a los grupos parlamentarios un esfuerzo para su aprobación. Unidas Podemos y Sumar criticaron el desalojo, mientras que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defendió el cumplimiento de la orden judicial que motivó la medida.
