El programa de televisión español ‘Supervivientes All Star’, grabado en una isla del Caribe, ha generado controversia debido a que el lugar no está deshabitado, sino que corresponde al territorio ancestral del pueblo garífuna, asentado en la isla caribeña de San Vicente desde hace más de doscientos años. Esta comunidad, resultado de la mezcla entre indígenas arahuacos y personas esclavizadas traídas por colonizadores españoles y portugueses, habita diversas zonas costeras de Centroamérica.
Recientemente, habitantes de Cayos Cochinos, el sitio donde se realiza el ‘reality’, protagonizaron protestas que interrumpieron las grabaciones, exigiendo el respeto de sus derechos ancestrales, la protección ambiental —especialmente del área de desove de las tortugas carey, especie protegida— y mayor participación en las decisiones que los afectan directamente. Su reclamo está respaldado por una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en marzo de 2026 responsabilizó al Estado hondureño por violaciones a los derechos garífunas, entre ellas la falta de consulta previa, libre e informada para determinar asuntos vinculados al territorio.
La productora Cuarzo, responsable del programa para la cadena Telecinco, aseguró que cuenta con todos los permisos y un acuerdo con la Fundación Cayo Cochinos, destacando que la producción genera empleos locales en áreas como cocina, transporte y carpintería. Sin embargo, el colectivo Afroféminas señala que la comunidad garífuna no es unánime en su postura; mientras algunos demandan respeto y cuidado del territorio, otros valoran el turismo y la visibilidad internacional que ha traído el programa desde 2006.
Este conflicto se enmarca en una problemática más amplia y antigua que involucra el despojo sistemático de tierras a la comunidad garífuna por parte del Estado hondureño y actores privados. En 2014, por ejemplo, se produjo el desalojo de la comunidad de Puerto Castilla tras reclamaciones de propiedad privada, en medio de compras y ventas de tierra sin consultar a los pobladores indígenas. Varias sentencias de la Corte Interamericana han reconocido la propiedad colectiva y los derechos ancestrales de los garífunas y han condenado a Honduras por su vulneración.
A pesar de estos pronunciamientos internacionales, el gobierno hondureño ha mantenido una actitud omisa e incluso represiva, con desalojos continuos y persecución de líderes garífunas. En 2026, la aprobación de la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial facilitó nuevas expulsiones en el país sin consulta alguna a las comunidades afectadas. Expertos de Naciones Unidas han solicitado detener más de 4.000 órdenes de desalojo dictadas desde la entrada en vigor de esta ley, sin que hasta ahora el Estado haya adoptado medidas concretas para frenar los desalojos ni para cumplir con las sentencias internacionales.
